¿Cuándo fue que la niñez se volvió peligrosa? ¿Cuándo se empezó a
responsabilizar a los niños, niñas, y adolescentes por problemas que trascienden
a sus acciones? ¿De dónde salió la idea de encerrarlos? ¿Cuándo fue que
permitimos que crezcan en el encierro, aisladxs de la sociedad, sin afecto,
descuidadxs, maltratadxs? Estas preguntas y algunas otras me surgieron hace
unos días. Anduve buscando una respuesta, y aparecieron barias alternativas.
Podría decirse que fue hace un par de años atrás, cuando desde
diferentes partidos políticos empezaron a hablar de la necesidad de bajar la
edad de imputabilidad. Tanto desde el oficialismo, como en las diferentes gamas
de la oposición, se relaciona la niñez directamente con el delito. Para quienes
nos gobiernan, lxs niñxs son peligrosxs, delincuentes, y como tales, requieren
un espacio alternativo en el cual puedan re-socializarse, recibir una educación
adecuada, y que sea un espacio en el cual se garantice el cumplimiento de los derechos
que a los niños y niñas les corresponden. Se afirma esto aun sabiendo que lejos
de ser una alternativa a la vida que les espera a quienes hayan sido alcanzados
por la pobreza y la indigencia, los institutos de menores son un lugar en el
que se profundiza la marginación de lxs chicxs. Poco tienen que ver con las características
que sobre ellos se establecen en las leyes, ya que quienes allí terminan,
siguen siendo víctimas de lxs adultos, sufriendo violencia, hambre, viéndose
privadxs de la educación y del sistema de salud.
Otra respuesta podría ser que fue desde que los medios de comunicación
se empecinaron en poner de moda los delitos hechos por adolescentes. Presentando
el mismo caso durante días, exagerándolo, poniendo a la niñez como algo de lo
que tenemos que cuidarnos. Sin presentar los hechos de una manera que dé lugar
a una reflexión profunda, que en búsqueda de una causa, quien observa se vaya más
allá del hecho concreto en el que le presentan al niño o niña como delincuente,
y lo/a vea como una víctima de la pobreza, de la violencia, de la discriminación
y estigmatización social.
Puede responderse también que fue mucho tiempo atrás, en 1938,
cuando se creó el primer tribunal de menores que preveía la ley Agote (10.903)
en la provincia de Buenos Aires. Desde esa ley, el Estado tomaba la responsabilidad
de garantizar los derechos de lxs niñxs que se encontraban en situación de
peligro material o moral. La manera de hacerlo, fue la de derivar al/a la niñx
al juez de menores (en lugar de dejarla a cargo del juez penal), una figura que
no trabaja sobre las acciones de lxs chicxs, sino sobre su situación. Lo que el
juez evalúa es si el niño o la niña tienen asegurados un hogar y una familia
que sea garantía de sus derechos y necesidades; y en caso de no tenerlos, será derivado
a un instituto. Si bien no se juzga al sujeto, las consecuencias resultan desventajosas.
Porque naturalmente, quienes se encuentren en una situación semejante, serán
lxs niñxs pertenecientes a los sectores más pobres. Desde este modelo, conocido
como patronato, los mismo hechos en diferentes sectores de la sociedad tendrán
diferentes consecuencias, si un hecho delictivo es cometido por un/a niñx o joven
de una familia de clase alta, luego de la evaluación, volverá a su casa,
mientras que si el/la niñx pertenece a una familia pobre, será enviado a un
instituto. Además hay que tener en cuenta que el proceso no comienza con la ejecución
de un delito, como ya se dijo, lo que se evalúa es la situación de la persona.
Por lo que cualquiera que se encuentre en situaciones de riesgo, ya sea en la
calle, en lugares no aptos, con mal aspecto, sin familiares cerca, sin acceso a
la educación, sin compañía adecuada, etc., derivaría en un instituto. Teniendo
esto en cuenta, puede verse que es un sistema fuertemente clasista, pensado
para pobres. Un modo de actuar que lejos de dar solución a un problema de carácter
social, actúa sobre una persona, profundizando su situación de vulnerabilidad y
marginándola cada vez más.
Otra respuesta nos remontaría un poco más en el tiempo, hasta
finales del siglo XIX, cuando el derecho no diferenciaba entre lxs niñxs, adolecentes,
y adultos; y las penas para grandes y chicxs eran las mismas, siendo frecuentes
las ejecuciones y castigos a niñxs de corta edad. Pero quizá no sea necesario
alejarnos tanto, para así no hablar mucho de cosas de las que se sabe poco, y
para no darle demasiada atención a los "cuándos", descuidando la
realidad en la que nos encontramos.
En La actualidad, rige la ley 13.298, a través de la cual se busca
garantizar la protección y promoción de los derechos de lxs niñxs. A pesar del avance
que esta ley implicó, su alcance es limitado debido a la ausencia de acciones
concretas que lleven al establecimiento de las instituciones y tareas que dicha
ley establece. Es necesario trabajar para que se implementen las medidas que el
nuevo sistema establece, porque de lo contrario, el patronato sigue en vigencia,
funcionando encubierto por el nuevo modelo.
Aún hoy, a pesar de los avances en materia legal, lxs niñxs siguen
siendo víctimas del funcionamiento de la sociedad. Y no de una sociedad
cualquiera, sino de una que los señala, los margina, los culpabiliza y les
teme. No alcanzara con la creación de leyes que se establezcan con el objeto de
mejorar la situación. Tampoco con la implementación correcta de las mismas. Cuando
eso se logre, aun abra voces pidiendo más mano dura, pidiendo que se encarcele
a niñxs y adolescentes, pidiendo por una seguridad sectaria. Es necesario que también
haya avances sobre las maneras en que la gente tiene de ver el mundo en la que está
inmersa, para que no se diga que ese/a niñx ya no es tal, porqe un/a niñx que
roba ya no es un/a niñx; para que esx niñx vuelva a recuperar su identidad como
tal, y crezca en una sociedad verdaderamente inclusiva, una que eduque, cuide,
y de afecto a sus niñxs.
Marino C.
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