Enseñando a los golpes II

En la publicación pasada hablé del modo en que una parte de los niños y las niñas, han sido tratadxs por la sociedad, hablé de la violación de sus derechos, de algunas políticas realizadas por el Estado sobre ellxs, y de la estigmatización como sujetos peligrosxs de la que han sido objeto. Esta vez voy a profundizar sobre el modo de intervención sobre la niñez conocido como patronato de menores.

Como dije, el patronato actúa sobre la situación de ciertas personas, es un modelo pensado para pobres, que estigmatiza a lxs niñxs provenientes de las clases bajas y busca alejarlxs de la sociedad por creerlxs peligrosxs.

Un dato a tener en cuenta es la división que se produce en la interpretación de la infancia, ablando en algunos casos de niñxs y en otros de menores. El término "niñxs" incluye a quienes se encuentran adecuadamente adaptados a la sociedad, mientras que con la palabra “menores” se ace referencia a aquellxs que carecen de los atributos característicos de la niñez, como la pertenencia a una familia y la concurrencia a la escuela. Serán lxs pertenecientes a los sectores más pobres, lxs que cometieron o fueron vinculadxs con delitos, lxs abandonadxs, lxs que andan vagando, quienes ocupen esta última categoría.

Hacia finales del S XIX los cambios que se daban en nuestro país, como consecuencia de la inmigración, la urbanización y el desarrollo económico, empezaron a preocupar a las clases dirigentes, y ya para las primeras décadas del 1900 pueden verse las medidas concretas llevadas a cabo por el Estado. La inmigración extranjera había contribuido a que el peso de personas de otras nacionalidades sea muy fuerte en la composición de las clases bajas. Provenientes de diversas zonas de Europa, lxs inmigrantes trajeron parte de sus tradiciones de lucha y cumplieron un papel fundamental en la formación de grupos políticos organizados para defender los derechos de lxs trabajadorxs. De estos sectores es de donde provenía gran parte de lxs niñxs que deambulaban por la ciudad y eran vistos con cautela por las clases altas. Así, la ley 10.903 fue sancionada en 1919, en un contexto de crecimiento del conflicto social.

Esta ley, conocida como Ley Agote o como Patronato de menores, aparece como uno de los intentos de las clases dominantes de dar solución al conflicto social y al peligro potencial que una parte de la población implicaba para el mantenimiento del orden. ¿Sobre quiénes se intervenía? Sobre todos y todas lxs que se encontraban en “situación de peligro material o moral y abandono material o moral”. Cualquier chicx que estuviese en una situación que entrara dentro de esta amplia expresión podía ser intervenidx por el Estado. ¿De qué manera se intervenía? Quitándoles a sus padres y madres el derecho de ejercer la patria potestad, y pasándosela a un juez. Se interpretaba que como el padre y la madre no estaban cumpliendo las funciones que les correspondía, es el Estado quien debe pasar a cumplir esa tarea. Será el juez quien pase a velar por el bienestar de estxs niñxs, y la manera de hacerlo será derivándolxs a institutos y organizaciones cuyos fines eran la resocialización y educación de lxs mismxs.

Puede verse que este modo de intervenir estaba enfocado a una situación que implicaba un problema para una parte de la sociedad, y que de la misma manera, era una solución sólo para una parte de la misma. Porque si quien cometía un delito pertenecía a una familia con plata, no hacía falta el encierro, el/la niñx volvería a su casa, la protección de Estado se dirigía hacia otro lado. Fueron en su mayoría lxs niñxs pobres lxs que fueron capturados por el Estado, esos niños y esas niñas que en lugar de estar en la escuela, andaban por la calle solxs, sin una familia que lxs acompañe, buscando la manera de conseguir el sustento del día. La privación de la libertad de lxs niñxs, el alejamiento de sus familias, la exclusión de la sociedad, estaba justificada, hubiesen cometido o no un delito, por el peligro que podían llegar a implicar.

Un tiempo después, se crean los tribunales de menores en 1937. Esto marca un hecho importante, ya que el derecho tiende a limitar los poderes del poder judicial, dándole derechos y garantías al individuo que le permita una defensa justa frente al Estado. Teniendo esto en cuenta, el juez de menores implica un fuerte avance sobre los derechos individuales. El proceso queda en manos del juez de menores, quien decide qué es lo más conveniente hacer. Como desde esta lógica no se está juzgando lo que el/la niñx hiso, sino su situación, tampoco hay defensa que se ocupe de garantizar los derechos del/la niñx. Tampoco la voz del/la niñx tiene eco, ya que no es cosideradx sujeto de derecho, sino objeto de derecho, es decir, no es capaz de ejercer sus derechos y obligaciones. Así, el futuro de lxs niñxs quedará en manos del juez de menores, única persona en quien queda la tarea de decidir sobre las medidas a tomar.

Tampoco El decreto ley 10.067 sancionado en 1983 por la última dictadura militar implicó cambios, la concentración de poder en manos del juez de menores y la ausencia de garantías que permitan la ampliación de los derechos del/la niñx se mantuvieron. Recién con la vuelta de la democracia, con los movimientos de derechos humanos, y con la convención internacional de los derechos del niño, surgen movimientos que pelearan por la modificación de esta situación, echo que ocurrirá una década más tarde.

Ya terminando, es inevitable el preguntarse por las semejanzas que lo dicho hasta acá tiene con la actualidad. En eso estaré pensando para las próximas publicaciones, espero que ustedes hagan lo mismo.

Marino C.