Desde el Colectivo de Educación Popular en Cárceles Atrapamuros estos hechos nos parecen sumamente preocupantes y vergonzosos. Que nuestra universidad se comprometa con personajes como Casal e instituciones como el Servicio Penitenciario Bonaerense, que han demostrado toda una trayectoria y un presente dedicados a la sistemática violación de los derechos humanos de poblaciones vulneradas de nuestra provincia que incluyen torturas,
asesinatos y desapariciones nos resulta aberrante. Casal y el SPB representan lo peor de las políticas de seguridad de nuestro país, y actúan con impunidad y un ejercicio del poder indiscriminados en nombre de la represión y el encarcelamiento de personas sin jamás respetar su dignidad como seres humanos.
El informe anual 2011 del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria nos ayuda a sintetizar las acciones del Ministerio de Justicia y Seguridad en manos de Ricardo Casal en los últimos años: “El gobierno provincial ha profundizado políticas de seguridad basadas en la mano dura y la demagogia punitiva. Esta orientación de las políticas públicas ha incrementado prácticas aberrantes como la tortura, las ejecuciones policiales, la desaparición forzada de personas y la participación policial en el delito”. A modo de ejemplo, y para ilustrar las condiciones en que el SPB aloja a los presos y las presas de la provincia podemos citar datos del mismo informe: “En varias cárceles provinciales se revelaron celdas individuales de 2x2 metros, ocupadas por cuatro, cinco y hasta ocho detenidxs”. Se suman a este hacinamiento vergonzoso prácticas constantes de torturas y vejaciones como el uso de picana eléctrica y el abuso sexual, además de la vulneración permanente de derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación.
¿Estas son las instituciones que nuestra Universidad Pública elije para capacitar a su guardia edilicia? ¿Los conocimientos que permiten a estas instituciones y actores actuar de esta manera son los que necesita el cuerpo encargado de cuidar a los alumnos y al patrimonio de la universidad? Instituciones normativamente encargadas de la represión y el encarcelamiento, y en los hechos ejecutoras de prácticas sistemáticas de violación de derechos nunca pueden formar a nadie en tareas protección y prevención.
La autonomía de la UNLP tiene que servir justamente para combatir estas instituciones y personajes despreciables y perversos de nuestra sociedad, y nunca para legitimarlas e incluirlas en sus planes de formación y acción. En todo caso, si se estableciera una relación entre la UNLP y el SPB o el Ministerio de Justicia y Seguridad debería ser para llevar los conocimientos y las críticas de la Universidad a esas instancias. Pero nuestra Universidad rara vez se ha comprometido con estas responsabilidades, lo que es claramente visible en
el abandono institucional al que relega a lxs alumnxs universitarixs que estudian o intentan estudiar desde unidades penales de la provincia.
Por todo esto, desde Atrapamuros rechazamos enérgicamente este convenio y esta política de la UNLP, y llamamos fuertemente la atención a toda la comunidad educativa de nuestra universidad para poner un freno a estas prácticas de complicidad y coordinación con instituciones que nos avergüenzan a todos y a todas.
Atrapamuros – Colectivo de Educación Popular en Cárceles
No hay comentarios:
Publicar un comentario