sábado, 27 de septiembre de 2014

Policías locales: otra no solución*


En la misma línea del controversial decreto de emergencia de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el anuncio de la creación de las policías municipales no hace más que seguir reforzando la obsoleta política de “policiamiento” de la sociedad, de la que Scioli ha demostrado ser un alumno aplicado. Ya las trayectorias de nuestras malditas policías nos han demostrado que tener más “soldaditos” en la calle no disminuye el delito, sino que por el contrario agrava la situación generalizada de la violencia social. Sabemos que la institución constituye una parte fundamental del problema, mediante sus armados de causas, la sistemática violación de los derechos humanos, su vinculación con el delito organizado, etc, y sumarle a ello una nueva fuerza que en los hechos terminará siendo formada y supervisada por las vieja institución bonaerense no abre una perspectiva alentadora.

El proyecto de la Policía Municipal es presentado a principio del corriente año en la legislatura provincial. Dos proyectos son los que se pusieron en pugna: uno de ellos, el de Marcelo Sain, de corte más progresista, que proponía como fundamental la formación desvinculada de la policía bonaerense de los nuevos efectivos, como también la creación de algunos mecanismos de control por parte de la comunidad sobre la nueva policía. El otro proyecto, el que finalmente se está implementando -propuesto por el ministro de Seguridad de la Provincia, Alejandro Granados, y redactado por el jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin-, reafirma el modelo policial actualmente en vigencia de la policía bonaerense: portación de armas fuera del horario de servicio, formación en seis meses en manos del Ministerio de Seguridad con los mismo criterios con que es “capacitada” la policía bonaerense y la arbitraria potestad para la retención de personas en el marco de operativos de averiguación de antecedentes.


Aunque parecía encaminado, la aprobación del proyecto se hizo esperar. Quedó trabado en la Cámara de Senadores de la provincia por algunos meses, debatiéndose en diferentes comisiones. Sectores como el radicalismo, el massimo y algunos senadores de la bancada kirchnerista se opusieron al proyecto inicial, por lo que finalmente se resolvió por una resolución ministerial -835/14 del Ministerio de Seguridad- anunciado por Scioli y Granados. Para enumerar brevemente, estas policías locales podrán implementarse en aquellos municipios con más de 70 mil habitantes, como también en aquellos distritos que se lo soliciten al Ministerio de Seguridad. Mientras que en el plano de la formalidad legal la conducción de la policía local estará en manos de los intendentes, queda por verse si la gobernabilidad real de la nueva fuerza policial no quedará cooptada por los comisarios de la bonaerense que actualmente tienen el control del territorio.

El panorama que presenta la aprobación de esta nueva policía comunal es el de un incómodo paralelismo de estructuras, superponiéndose las tareas y los territorios de intervención entre la bonaerense y la municipal. La policía local podrá intervenir para evitar que se cometan delitos como también detener a los autores de los mismos. Sin embargo, una vez detenidos serán transferidos a la Policía Bonaerense. Lo que no podrá desarrollar esta nueva fuerza serán operaciones especiales (que abarcan intervenciones policiales tácticas y específicas), como tampoco investigaciones criminales. Ambas tareas quedarán en manos de la bonaerense, demostrando que esta vieja escuela viciada sigue teniendo el poder sobre operaciones de importancia.

Ahora bien, yendo al plano de lo local, en la ciudad de La Plata esta policía municipal ya tiene antecedentes. El intendente Pablo Bruera sacó a las calles en abril del año pasado el proyecto “Sistema municipal de prevención y protección” por medio de un decreto. Este sistema cuenta básicamente con el equipamiento de móviles que recorren permanentemente la ciudad, botones antipánico, cámaras de seguridad pública, creación de corredores seguros y la activación de foros vecinales. Uno de los objetivos primordiales fue la articulación de su personal con el de la Policía Bonaerense, ya que los patrulleros de control urbano no contaban con la potestad para intervenir en los conflictos ni portar armas. De hecho, en un comunicado del mes pasado, Bruera anunciaba que los 700 efectivos con los que contarían las fuerzas de seguridad municipales estarían conformados en su mayor medida por los 300 integrantes de este sistema de vigilancia municipal, que incluye tanto al personal de las patrullas verdes como a los distintos caminantes a pie en funciones de “alerta” de situaciones de inseguridad.

Para concluir, consideramos que crear más policías para solucionar el problema de la inseguridad tiene una falta grave que es no pensar el problema de la política de seguridad de forma integral, que no replantea el lugar de la policía en la comisión de los delitos y además, no problematiza la “inseguridad” que esta genera para los sectores populares que día a día son victimizados por ella. Es fundamental considerar a la policía como parte del problema de la inseguridad.

Una propuesta política responsable en torno a la policía creemos que tiene que ir acompañada de una reforma integral de la estructura policial actual. Una Bonaerense militarizada, autogobernada, corrupta, con grandes márgenes de acción sin control civil ni político, va a terminar absorbiendo a cualquier estructura policial más pequeña. Es necesario pensar en mejorar lo que ya existe, para hacer que esa policía actúe de manera efectiva y respetando los derechos de su pueblo.

Malen G. y Mariel R.

*Nota escrita para el periódico Cambio 

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